El Tribunal Supremo estableció, en su sentencia del 3 de octubre pasado, que “Las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social están exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas”. La Dirección General Tributaria ha interpretado que esta doctrina es igualmente aplicable a las prestaciones por paternidad percibidas de la Seguridad Social. Si necesita ayuda para recuperar su dinero, llámenos.
En la aplicación de esta doctrina pueden distinguirse los siguientes supuestos:
- Prestaciones percibidas o que se perciban durante el año 2018. En la próxima campaña de renta los contribuyentes solo tendrán que confeccionar y presentar sus declaraciones utilizando los datos fiscales que se les ofrezcan.
El programa de ayuda Renta WEB ofrecerá los datos fiscales incorporando tales prestaciones como rentas exentas y las retenciones soportadas como plenamente deducibles.
El Instituto Nacional de la Seguridad Social, tras la sentencia del TS, ha dejado de practicar retenciones sobre las prestaciones abonadas, por tratarse de rentas exentas.
- Prestaciones percibidas en los años 2014, 2015, 2016 y 2017. Los contribuyentes pueden solicitar la rectificación de las declaraciones de IRPF en las que hubiesen incluido tales rentas.
Si las rentas fueron percibidas en más de un año, deberán solicitar la rectificación de la declaración de IRPF de cada año.
En la página web de la AEAT se ha habilitado un formulario específico para facilitar la solicitud de los años 2014 y 2015, en el que la persona perceptora de la prestación debe indicar:
- en cuáles de esos años ha percibido la prestación; y
- un número de cuenta bancaria de su titularidad, donde se abonará la devolución que proceda.
En enero de 2019 estará disponible el formulario que permitirá solicitar la rectificación de las declaraciones de los años 2016 y 2017.
No es necesario adjuntar a la solicitud un certificado de la Seguridad Social acreditativo de las prestaciones por maternidad/paternidad percibidas. En cada caso, la AEAT recabará directamente de la Seguridad Social toda la información precisa para la resolución del procedimiento.
- Solicitudes ya presentadas, que se encuentren pendientes de resolución de un recurso o reclamación. La aplicación de la exención corresponderá al órgano que esté conociendo del recurso o reclamación, sin que sea precisa la presentación de ninguna solicitud adicional.
La Tesorería de la Seguridad Social permitirá recuperar hasta un máximo de dos años de cotización para determinados colectivos afectados por la crisis económica y que dejaron de cotizar al menos durante tres años.
Así queda reflejado en el Real Decreto Ley para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo que este sábado publica el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que establece un Convenio especial para los afectados por la crisis.
Según la disposición adicional vigésima novena del texto normativo, se prevé el desarrollo de un reglamento que permita que aquellos que acrediten una edad de entre los 35 y 43 años, así como una laguna de cotización de al menos tres años entre el 2 de octubre de 2008 y el 1 de julio de 2018, puedan suscribir un convenio especial con la Tesorería General para la recuperación de un máximo de dos años en el periodo antes descrito.
Dichas cotizaciones computarán exclusivamente a los efectos de incapacidad permanente, jubilación y muerte y supervivencia, llevándose a cabo en los términos que se determine reglamentariamente.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha decidido dar un giro sustancial al reconocimiento de las prestaciones por desempleo generada por relaciones laborales a jornada parcial. Es la Sentencia de 9 de noviembre de 2017, donde se analiza la forma de reconocimiento de prestaciones por desempleo por parte del Servicio Público de Empleo Estatal, especialmente en aquellos casos en los que el trabajador, ha desempeñado la actividad laboral sólo determinados días de la semana, esto es, los contratos a tiempo parcial vertical. (más…)
Acaba de hacerse púbico el informe de la CEOE Producción normativa 2017. Según el citado análisis, entre 1970 y 2017 se han aprobado en España un total de 41.883 normas de ámbito nacional, una media de 872 al año.
El año pasado fue un ejercicio con un número algo inferior de producción normativa, tan «sólo» se aprobaron 517 normas, las cuales han ocupado 223.043 páginas en el BOE. Además, las Comunidades Autónomas aprobaron en 2017, 253 normas con rango de ley, para lo cual fueron necesarias 731.525 páginas del BOE. Sumadas ambas -disposiciones de ámbito nacional y autonómico- tenemos que el año pasado se publicaron 954.568 páginas de nuevas regulaciones en el Reino de España.
Por si todo esto fuera poco, nos quedan las disposiciones de ámbito inferior a la Comunidad Autónoma: Diputaciones Provinciales, Ayuntamientos, Cabildos Insulares etcétera. Con sus ordenanzas, Planes Generales de Ordenación Urbana y demás normas. Las cuales aparecen dispersas en los diversos Boletines Oficiales correspondientes y cuyo estudio llevaría un titánico esfuerzo.
Pero aquí no acaba el maremágnum normativo pues hemos de añadir los actos legislativos adoptados por la Unión Europea que, en 2017, alcanzaron la cifra de 1.920 entre Reglamentos, Directivas y Decisiones. La legislación vigente en la Unión Europea asciende a la friolera de 46.147 normas.
Aun con esto, hay quienes sostienen que son precisas más regulaciones y que estamos inmersos en un sistema de neoliberalismo salvaje. Cuando lo cierto, y desde un punto de vista absolutamente objetivo, es que vivimos la época histórica en la que la actividad humana está más regulada y constreñida, salvando las excepciones -claro está- de los regímenes totalitarios, aunque entonces no eran tanto el número de leyes las que limitaban la acción humana, sino su prohibicionismo totalizador y la arbitrariedad alegal del Estado.
Si los regímenes totalitarios laminaban la libertad humana a través de las prohibiciones y el Gulag, en la actualidad se emplea el sibilino mecanismo de las regulaciones. Ya no se trata de prohibir de cuajo, sino de regular hasta en los aspectos más nimios la acción humana, de encorsetarla, maniatarla, asfixiarla. De esta manera, el mecanismo de restricción de libertades ya no aparece grosero y despótico, ahora se trata de encauzar la acción humana para hacerla compatible con los fines sociales predefinidos, de regular para -dicen- evitar excesos y abusos. Así, estas nuevas restricciones adquieren apariencia bondadosa y necesaria. En definitiva, son por nuestro bien.
Cada vez que emerge un nuevo sector o actividad aparecen enseguida quienes exigen regularlo. Todo ha de estar regulado, nada puede escapar a la lógica burocrática, ni al control estatal. Si surgen hábitos o empresas disruptivas en ámbitos anteriormente inexistentes y triunfan al ganarse la confianza del consumidor, no tardarán en surgir quienes pidan su regulación, meterlo en vereda. Sólo así logran domesticar la iniciativa humana, pero eso sí, al coste de reprimir la extraordinaria energía creadora del ser humano.
¿Se ha parado alguna vez a pensar cuántos empleos, cuánta riqueza y cuántas necesidades han dejado de satisfacerse por la asfixia normativa causada por decenas de miles de disposiciones? ¿Cuántos proyectos no han triunfado o no han sido no tan siquiera capaces de nacer por los absurdos impedimentos y encorsetamientos de una legislación abrumadora y caprichosa? Así que, si realmente queremos dinamizar la actividad económica y la vida social, se hace perentorio desmontar esta telaraña normativa que nos maniata y nos impide desplegar todo nuestro potencial.
