Este lunes está marcado en el calendario por ser la fecha de entrada en vigor de las nuevas obligaciones para las empresas sobre la información que tienen que trasladar a los trabajadores al firmar un contrato. También a las personas que ya tienen en plantilla, ya que pasan a tener el derecho de solicitar explicaciones sobre cómo se deciden los pluses salariales o si se usan algoritmos para tomar decisiones en materia de recursos humanos. Todo ello por la entrada en vigor del decreto que traspone la directiva de condiciones transparentes y previsibles de trabajo.
El Gobierno ha concedido a las compañías apenas 20 días desde la publicación del real decreto en el BOE. La medida fue aprobada en el Consejo de Ministros del martes 8 de septiembre, no obstante, el boletín público no recogió el texto impulsado desde el Ministerio de Trabajo hasta una semana más tarde. El departamento de Yolanda Díaz había anunciado inicialmente que la medida se aplicaría con un margen de un solo día, si bien, explicaron que habían decidido responder a las demandas de CEOE y dar más tiempo a las empresas.
El SEPE hizo circular a finales de la semana pasada un nuevo modelo de contrato que da oportunidad a las compañías de concretar la información relativa a que convenio se aplica al trabajador contratado o qué puntos de este detallan las cuestiones relativas a la jornada anual o los permisos remunerados. Desde este lunes, también tienen que concretar cuál es el salario base asignado al puesto, si percibirá pluses complementarios y si estos son variables, trasladar cómo se deciden estos conceptos retributivos.
El reglamento también fuerza a informar a los trabajadores por escrito de su jornada diaria, semanal y anual y si trabajan con alguna mutua específicia en caso de que se produzca un accidente o enfermedad profesional o colaboran directamente con el Instituto Nacional de la Seguridad Social. A los trabajadores que ya estuviesen contratados previamente, no será necesario remitirles toda esta información, pero las plantillas pueden solicitarlas y recibir respuesta en 30 días.
Cambia el periodo de prueba
El decreto también va a cambiar la regulación del periodo de prueba para que las empresas queden obligadas a concretar qué tareas, funciones o características del trabajo se van a evaluar durante los primeros meses de contrato y en consecuencia, entienden desde Trabajo, también por qué se toma la decisión de cesarlo. El Estatuto de los Trabajadores reconoce el periodo de prueba como el plazo en el que tanto empresario como trabajador pueden romper el contrato sin preaviso, ni justificación y que además, esta decisión no da derecho a que el trabajador cobre una indemnización por despido.
Fuentes del Ministerio de Trabajo consideran que redacción de este decreto implicará que las empresas tengan que aportar una mínima explicación, como qué parámetros fijados en la firma del contrato no se han superado, al comunicar el cese, una interpretación que favorecería a los trabajadores cesados en los tribunales, pero que está por ver si comparten los jueces. Al no ser un despido como tal, todavía es poco habitual que los ceses en periodo de prueba sean denunciados en la justicia. No obstante, la reforma laboral de 2022 extendió el uso del contrato indefinido y con él, el uso fraudulento de su periodo de prueba para cubrir la función que tenía el contrato temporal, por lo que el Gobierno espera que el número de casos judicializados aumente en los próximos años.
Actualmente la ley que regula las relaciones laborales establece que «el empresario y el trabajador están, respectivamente, obligados a realizar las experiencias que constituyan el objeto de la prueba». Un artículo que usan como base para obligar a concretar en los contratos de trabajo cuál va a ser la duración del periodo de prueba y «la información relativa a las obligaciones respectivas de la empresa y de la persona trabajadora de realizar las experiencias que constituyan al objeto de la prueba». Es decir, trasladar al trabajador de forma más transparente qué se va a evaluar. Además, tendrán que explicar si deciden que dure más de seis meses.
Haga clic aquí para ver el resto de la noticia y ampliar información en eleconomista.es
