El Gobierno ha habilitado de manera “extraordinaria” y “limitada en el tiempo” a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para vigilar que las empresas cumplen con las medidas sanitarias de prevención del covid-19 en los centros de trabajo, y en caso de incumplimiento, se les impondrá una sanción grave. Esta medida modifica un decreto de junio para permitir la vigilancia y el control de las medidas de desinfección y protección que toman las empresas.

Así consta en el real decreto de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del Covid-19 en los ámbitos de transportes y vivienda publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El texto publicado modifica el decreto del 9 de junio para añadir que se habilita a los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y a los de las comunidades autónomas “para vigilar y requerir, y en su caso, extender actas de infracción, en relación con el incumplimiento por parte del empleador de las medidas de salud pública” que afectan a los trabajadores recogidas en los apartados a, b, c y d del artículo 7 del decreto 21/2020

En concreto, la Inspección supervisará que las empresas cumplen con la desinfección adecuada de los centros de trabajo, proporcionan agua y jabón o geles hidroalcohólicos, adaptan las condiciones de trabajo organizando turnos y garantizando la distancia interpersonal de metro y medio entre los trabajadores, y adoptan medidas para evitar la coincidencia masiva de personas en los centros de trabajo durante las franjas horarias de previsible mayor afluencia.

Una infracción grave

En caso de incumplimiento por parte del empleador, “constituirá infracción grave, que será sancionable en los términos, por los órganos y con el procedimiento establecidos para las infracciones graves en materia de prevención de riesgos laborales, por el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social”.

La cuantía para estas infracciones, con multa, oscila desde un mínimo de 2.046 euros hasta un máximo de 40.985 euros. Si los incumplimientos se producen en las administraciones públicas, se impondrán las medidas correctoras por incumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales que corresponden a la Administración General del Estado (AGE) o a la administración autonómica.

El Gobierno argumenta que los centros de trabajo son “espacios proclives a la propagación del virus, como demuestra el hecho de que una parte importante de los rebrotes de contagios habidos hasta el momento, tanto en España como en otros países de la Unión Europa, se haya producido en los centros de trabajo“.

Así, se habilita a la Inspección de manera “extraordinaria motivada por lo extraordinario de la situación actual” y “supondrá un importante refuerzo en la tarea de prevención de los contagios en los centros de trabajo”.

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